La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó eliminar el fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas del delito.
El ministro Giovanni Figueroa, quien propuso el proyecto, argumentó que ya existía una sentencia de la Corte, en su anterior integración, que reconocía que la reforma había sido regresiva, al eliminar un porcentaje mínimo del presupuesto para el fondo destinado a ayudar a las víctimas.
Con esta decisión, se declara inconstitucional la fracción I, del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, reformado en 2020.
La ministra Lenia Batres aseguró que el fondo fue sustituido por recursos variables de la venta de bienes decomisados al crimen y por partidas sin límite máximo que el Estado debe garantizar, afirmando que las víctimas no quedan desprotegidas, y que no existen quejas por falta de cumplimiento de la reparación del daño.
Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, y los ministros Hugo Aguilar Ortiz, el presidente de la Corte, y Arístides García Guerrero, coincidieron que la reforma constituyó una “medida regresiva injustificada” en contra de las víctimas.
